Audiencia pública por la Ley de Glaciares bate récord mundial de inscriptos

La audiencia pública convocada por la Cámara de Diputados para discutir la modificación de la Ley de Glaciares alcanzó un récord mundial de inscriptos: 104 mil personas querían participar, aunque solo se permitió disertar al 0,3 por ciento de los anotados.

La ley, que ya cuenta con media sanción del Senado desde el 26 de febrero, generó fuertes críticas por la limitación de la participación ciudadana.

El abogado ambientalista Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, calificó la situación como “muy escandalosa” y alertó sobre el trasfondo económico de la reforma: “Esas empresas escribieron la reforma”, sostuvo, refiriéndose a las multinacionales involucradas en el proyecto impulsado por el Ejecutivo.

La convocatoria a la audiencia se logró gracias al reclamo de diversas organizaciones ambientales, entre ellas la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Círculo de Políticas Ambientales, Greenpeace Argentina, la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, la Fundación Biodiversidad y Aves Argentinas. Estas entidades exigieron que el proceso legislativo fuera participativo, público, federal y transparente, y no un mero trámite.

Según Viale, “llamaron a esta audiencia pública pensando que se iban a anotar 300 o 400 personas y terminó siendo récord mundial”, lo que refleja el interés masivo por el tema. Sin embargo, la Cámara de Diputados redujo la audiencia a solo dos días, miércoles y jueves, y se realizó de manera virtual.

Durante el primer día, el Congreso estuvo vallado y afuera se concentró una multitud que protestó por la limitación de los inscriptos y por los cambios a la ley aprobada en 2010. Entre los manifestantes se encontraban organizaciones ambientales, autoconvocados y referentes políticos de la Coalición Cívica, La Cámpora y agrupaciones de izquierda.

La discusión sobre la Ley de Glaciares se mantiene en el centro del debate público, enfrentando el interés de sectores económicos con la demanda de la sociedad civil por la protección de los ecosistemas más sensibles del país.