ONCE ÓRDENES MÉDICAS ELECTRÓNICAS, CON EL NOMBRE DEL CONCEJAL WALTER ABREGÚ, ESTÁN BAJO LA LUPA DE LA JUSTICIA FEDERAL

Otro escanadalo que conmociona la ciudad. Lo que parecía una investigación más, hoy sacude la política local.

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Los documentos existen. Están firmados digitalmente. Y hoy son el centro de una denuncia que busca respuestas que nadie ha podido dar. ¿Cómo se emitieron? ¿Quién estuvo detrás de cada clic? ¿Por qué once documentos vinculados a prestaciones para los jubilados terminaron en el ojo de la tormenta? La Justicia reconstruye cada paso: fechas, horarios, direcciones IP, terminales. Cada detalle cuenta. Cada rastro importa.

Dos caminos, ambos graves. El concejal afirma que nunca emitió esas órdenes, que sus credenciales pudieron haber sido usadas por otros sin su conocimiento. Pero la Justicia no se queda con palabras: busca pruebas. Si las credenciales de un edil y profesional médico quedaron expuestas, ¿hubo negligencia grave? ¿O peor aún: hubo intervención directa?

El dinero es de los jubilados. La salud es de nuestros abuelos. Y las dudas no caben. Si se confirma su participación, las consecuencias pueden ser judiciales. Si se comprueba que alguien más usó sus claves, también hay responsabilidades que esclarecer. Lo que no puede pasar es que la verdad quede en la sombra.

Porque no estamos hablando de cualquier persona. Hablamos de un concejal que forma parte del círculo íntimo del poder municipal. Que ocupa una banca, que decide sobre los recursos de todos, y que hoy debe explicarse ante la ley. La investigación avanza. Y la verdad, tarde o temprano, sale a la luz.