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Caso Baciocchi: ¿Se podría haber evitado?
- 29 mar
- 3 Min. de lectura
Actualizado: 1 abr
En Río Grande no falló la información. Falló la decisión de actuar.
El juicio por el asesinato de Alexis Baciocchi no expone solamente un crimen. Expone algo más incómodo, más estructural y más difícil de admitir: un Estado que fue advertido, que tuvo elementos concretos para intervenir y que, aun así, eligió no hacerlo. Porque a esta altura ya no hay margen para la ingenuidad.
Durante el proceso judicial, los testimonios no dejaron lugar a interpretaciones benevolentes. Lo que reconstruyen es una secuencia clara: una persona en situación crítica, con indicadores de riesgo “altísimo”, con antecedentes de violencia, con ideaciones suicidas y con un pedido de ayuda explícito. Y del otro lado, un Estado que sabía.
El testimonio de María Adela Torres no es una opinión. Es una advertencia formal ignorada.
Es una trabajadora que hizo lo que debía hacer y que, cuando elevó la gravedad del caso, recibió como respuesta una frase que hoy resuena con un peso insoportable: “No podemos arreglarle la vida a todos” decía Luz Torres, actual pareja de Gonzalo Ferro.
La categoría de riesgo era “altísimo”. No es un tecnicismo menor. Es una señal de alerta
máxima. Es, justamente, el tipo de situación para la cual existen áreas como la Secretaría
de la Mujer, protocolos, leyes y presupuesto público. Sin embargo, no alcanzó y por esto la
querella lo dijo sin rodeos: “esto podría haberse evitado”.
Por el contrario, las autoridades, Luz Torres y la actual concejal Alejandra Arce (en ese momento secretaria de la institución interviniente) dicen no recordar el caso. ¿Están
diciendo que nada de eso les resultó lo suficientemente importante como para quedar
registrado en su propia memoria política? ¿Por eso se comunicaron con Maria Adela para pedirle que esa misma amnesia la sostenga ella también en su testimonio?
Pero esto no termina en el juicio: Porque si algo deja en evidencia este caso es que no se trata de un hecho aislado. Se trata de un patrón de funcionamiento de, al parecer, una parte
importante del Municipio de Río Grande.
Un patrón que ya había quedado expuesto meses antes, en un escenario completamente
distinto pero con la misma lógica: las jornadas de prevención del suicidio del 17 y 18 de septiembre de 2025: Cuando se difundieron los videos de una madre de una víctima de suicidio y quisieron evitar darle el micrófono. No por falta de tiempo. No por cuestiones organizativas. Sino porque su testimonio incomodaba. Y cuando finalmente habló, rompió el guión.
Denunció la ausencia del Estado municipal cuando más lo necesitaba. Denunció la falta de
respuesta. Denunció el abandono. Y fue más allá: señaló que ni siquiera había sido atendida por funcionarios, entre ellos Agustín Pérez, hermano del intendente. Que casualmente sí le habló para intentar evitar que subiera al escenario.
Es decir, el mismo Estado que organiza jornadas de “prevención”, que imprime folletos y monta escenarios, es el que después no atiende el teléfono cuando una familia atraviesa la tragedia real.
Y entonces la pregunta deja de ser incómoda para volverse inevitable:
¿Cuántas advertencias más fueron ignoradas?
¿Cuántos casos quedaron en el camino de esa lógica de filtro?
Y en paralelo, el silencio. ¿El intendente, Martín Perez, tomará cartas en el asunto y desplazará a los responsables de las negligencias expuestas? ¿O seguirá guardado en la intendencia con una sordera oportuna?
La Justicia podrá determinar responsabilidades penales. Pero hay una dimensión que no entra en ningún expediente: La responsabilidad política. Los deberes del funcionario público cómo marcaron tanto la querella y la defensa, el único punto en común de las partes. Y esa, una vez más, corre el riesgo de no ser asumida por nadie.
Entonces la pregunta final ya no es retórica. Es concreta, incómoda y urgente: ¿El asesinato
de Alexis Baciocchi se podría haber evitado?
Si la respuesta es sí y cada vez hay más elementos para sostenerlo entonces lo que
queda expuesto no es un error.
Es un Estado que no llega tarde. Es un Estado que directamente decide no llegar.
Ambas funcionarias, ese mismo día de sus testimonios, posaron para las fotos con grandes sonrisas, totalmente impunes. Al parecer, los funcionarios de Martín Perez, son solo pan y circo.
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